Normas de Desarrollo Urbano

Parte 1 de 3 - por: Victor Pereira

Panamá no fue el resultado de la planificación uniforme de su territorio. Para darse cuenta, basta con mirar las formas de las construcciones desde el eje y hacia cada lado de las principales carreteras y calles adyacentes y veredas del país, principalmente de las provincias de Panamá, Colón y Panamá Oeste.

Si bien existen zonas que se distinguen por ser patrimonio de la humanidad, como el Casco Viejo, y otras que han tenido comentarios elogiosos por expertos del urbanismo, como algunos puntos de Bella Vista, consisten en pequeñas y muy diferentes manchas dentro de una escala mayor en la que se recogen, por el contrario, otras muchas muestras de todo tipo de asentamientos y barrios irregulares.

Cuando el país estuvo listo para normar en lo institucional, lo sustantivo y lo procedimental cómo deberá hacerse el desarrollo urbano, ya padecía del daño desencadenado por la informal ocupación de la tierra. Millones de dólares han tenido que invertir decenas de diferentes gobiernos para aliviar los graves problemas existentes en más de un centenar de asentamientos informales por todo Panamá.

Con la entrada en vigencia de la nueva ley (hace poco más de diez años) nada indica que la ocupación informal se va a detener ni que dejará de esparcirse. Algunos cálculos pronostican una gradual disminución, sobre todo cuando los municipios asuman por completo las funciones de autoridad urbanística. Esa sería una natural apuesta de solución, porque debiera ser igualmente natural que este tipo de problemas sean enfrentados por el gobierno y población local.

Se es consciente que el tema es más complejo a como se expresa.

La informalidad

Las modalidades comunitarias de vivienda en condiciones de informalidad, salvo por marcadas razones culturales o climáticas, se repiten en los lugares que comparten similares características.

En los suburbios, cuando el nacimiento de la comunidad proviene de diseños y ejecución de obras sin evaluación, control ni supervisión profesional ni institucional, ocurre mucho del mundo rural, con el dramatismo añadido que en lo espacial su densidad humana (y hay que añadir también la animal doméstica) es mayor.

El conglomerado de gente que se dispone a entrar a las tierras y ocuparlas, sea por sentido de urgencia o no, está lejos de preocuparse de las mínimas condiciones globales de habitabilidad que debe asegurar desde el comienzo. De por sí, muchos siendo individuos jóvenes, no son del todo capaces de identificar a priori todo lo que conlleva establecerse en un lugar en circunstancias comunitarias. Su interés, por lo pronto, se limita a su vivienda y, a lo sumo, a su ubicación dentro de la comunidad; por lo que se limita a hacer una mera representación del hogar que pretende levantar dentro de ella, desde su singular imaginario y concepto de libertad. El resto suele compartir ese pensamiento porque piensa más o menos igual, sobre todo cuando no está presente o no lo acecha un poder legítimo de control social del desarrollo urbano. Pese a ello, no es de extrañar que se produzcan acuerdos entre los miembros de esa comunidad para los trazados de servidumbres y reserva de áreas comunes, incluso para efectos de seguridad, limpieza, ornato y permitir la existencia de micros y pequeños negocios. Dichos acuerdos de mantener un cierto orden, sin embargo, con frecuencia han sido a lo sumo verbales y poco o nada vinculantes, además de desprovistos de mecanismos de exigibilidad jurídica.

Es de esperarse, en el seno de la comunidad ya establecida, el surgimiento de constantes estresores por su origen informal (carencia de agua, de luz; acumulación de basura; obstrucción de acceso a los predios; disputas en los límites del predio, etc.). Otros estresores un tanto más difusos, como la inseguridad jurídica por no tener la propiedad de su vivienda, aumentan la tensión social.

Entre rascacielos o en torno a negocios o residenciales de coste medio y alto, todavía subsisten en el país pruebas evidentes de esa informalidad. Pese a la intervención a través del tiempo de las autoridades de vivienda con proyectos de mejoramiento, barrios como Boca La Caja, Viejo Veranillo, Brooklincito y el vasto San Miguelito se mantienen casi invariables desde sus orígenes. A lo largo de la carretera Transístmica y para el oeste y este de la Capital, así como en muchas otras ciudades del resto del país, se repiten estas mismas informalidades.

De lo que se sabe, muchas de estas tierras, hoy ocupadas por extensas comunidades, fueron invadidas a propietarios privados. Algunos de estos dueños, por su desconocimiento en materia catastral y las normas de la función social de la propiedad privada, no pudieron impedir la pérdida material (aunque no haya sido así en lo formal) de las mismas; mientras que otros llegaron a tener noticias de estos hechos mucho tiempo después.

A pesar de que la migración interna no cesa, demandante de soluciones de vivienda de bajo costo, el precavido y responsable propietario privado no tuvo (ni tiene) porqué verse perjudicado por las invasiones. Un poco de cuidado en la administración del inmueble y una orientación adecuada en el mejor uso y disposición del mismo, alejaría estas amenazas que se ciernen sobre él.

Las reglas urbanísticas

La otra cara del país la brindan las áreas en donde se impuso y se imponen mínimas formalidades de construcción. Gran parte de las edificaciones de las principales ciudades del país se han basado en las mínimas reglas urbanas para construir. Bien sea para fines habitacionales o para llevar a cabo actividades económicas de cierto tipo, así como instalaciones sociales, culturales, recreativas, o de uso y dominio público, aun sin importar su pequeño tamaño, trátese de proyecto personal, empresarial o gubernamental, el objetivo siempre ha sido obtener la autorización de las entidades públicas competentes en materia urbanística, ambiental, riesgos, salud, energía, etc., para impactar el espacio físico.

No importa que el motivo de pedir las autorizaciones obedezca a una conciencia de responsabilidad ciudadana o social empresarial, al temor al castigo o solo para lograr aprobaciones de un crédito bancario. Importa el hecho de que subyace la presunción de que cada autorización que se solicita y que se expide, tiene un sentido lógico. Supone, a la vez, que el cumplimiento que se exige de esas normas de desarrollo urbano tiene por efecto el respeto al proyecto correctamente emprendido y completado, y servir como medidor de las responsabilidades en caso de eventuales siniestros. Es lo que brinda confianza al planificar cada fase, en todos los órdenes en que se interviene, pues hay fundamentos jurídicos de referencia de dónde inspirarse. A la larga, brinda igualmente seguridad al que invierte, desde aquella humilde familia que piensa construir o remodelar su hogar, hasta el mayor promotor inmobiliario. Sin ser así del todo, se desea que el proyecto de edificación, dentro de su radio de acción y quizá un poco más allá, se acepte por la comunidad y las autoridades al menos como viable, para dar inicio al mismo sin mayor perturbación.